Guadalajara, Jalisco.- El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) enfrenta una pérdida millonaria superior a 2 mil 51 millones de pesos derivada de una inversión realizada en certificados bursátiles de la empresa Transportación Marítima Mexicana (TMM) División Marítima.
De acuerdo con información oficial, estos certificados bursátiles, adquiridos con recursos de los trabajadores, tenían un valor contable de aproximadamente 2 mil 428 millones de pesos al cierre de septiembre de 2026. No obstante, tras una reducción en la calificación crediticia de la empresa emitida por la agencia HR Ratings el 1 de octubre de 2026, su valor se desplomó a 376.5 millones de pesos.
Esta inversión se concretó en dos etapas, entre 2010 y 2012 y en 2016, con un monto original de mil 626 millones de pesos, durante las administraciones de Emilio González Márquez y Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, respectivamente. El Consejo Directivo del IPEJAL aprobó unánimemente presentar nuevas denuncias penales por posibles delitos de fraude, administración fraudulenta y abuso de confianza contra quienes resulten responsables.
Asimismo, el Instituto solicitará a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que investigue el seguimiento y la supervisión dada a esta inversión, con el fin de esclarecer las condiciones en las cuales se realizaron las adquisiciones y evaluar eventuales actos indebidos.
Este caso se agrega a investigaciones previas, iniciadas en 2022, cuando la Contraloría del Estado presentó denuncias contra la administración anterior por inversiones en empresas con problemas financieros conocidos, como TMM y Abengoa. De dichas investigaciones derivó una orden de aprehensión contra Francisco Ayón López, expresidente del IPEJAL, por presuntos actos relacionados con las inversiones cuestionadas.
Por su parte, la Dirección Jurídica y la Consejería Jurídica del IPEJAL continúan analizando y promoviendo las acciones legales necesarias para proteger el patrimonio del organismo y procurar la recuperación de los recursos afectados.
Este suceso destaca la importancia de una administración transparente y responsable de los recursos destinados a las pensiones estatales, así como la necesidad de una supervisión estricta para evitar daños financieros que afecten a los trabajadores jubilados y activos.
La resolución de este asunto y la aplicación de la justicia serán determinantes para restaurar la confianza en el manejo de los fondos públicos y la seguridad del sistema de pensiones estatal.