El pasado 8 de noviembre de 2026, autoridades mexicanas llevaron a cabo un operativo en Zapopan, Jalisco, en el que detuvieron a un sujeto identificado como Ramón “R2”, presuntamente implicado en el asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez. La intervención contó con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

Durante el operativo, se produjo un enfrentamiento donde “R2” resultó herido y se arrestó a otras 19 personas, aunque las autoridades no han precisado públicamente la identidad ni cargos de estos últimos. La detención de “R2” representa un avance significativo en la desarticulación de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal vinculado al homicidio del político michoacano.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en Uruapan. La Fiscalía de Michoacán atribuyó su muerte a una represalia del CJNG tras la detención, meses antes, del líder de plaza del cártel en Uruapan, René “N” (“El Rino”). Hasta ahora, en torno al caso se han realizado 34 detenciones relacionadas, entre ellas la de Ramón Ángel “N” (“R1”), señalado como autor intelectual del asesinato, capturado en julio de 2026.

Además, Jorge Armando “N” (“El Licenciado”), coordinador de la célula criminal que planificó el homicidio, fue detenido poco después del crimen, y Alexis “N”, presunto operador regional del CJNG en la zona, fue arrestado en septiembre de este año. También destaca la detención de Alejandra Vargas, secretaria de Bienestar de Uruapan, en octubre de 2026, acusada de presunto encubrimiento en la investigación.

Las autoridades mexicanas han subrayado la importancia de la colaboración internacional, en especial con la DEA, para lograr la captura de objetivos clave como “R2”. La investigación continúa abierta con el propósito de identificar y asegurar a todos los responsables involucrados en este homicidio, que ha marcado un precedente en la violencia contra funcionarios públicos en la región.

El caso resalta los desafíos que enfrentan los gobiernos locales y federales para combatir la violencia generada por grupos delictivos organizados, así como la necesidad de cooperación binacional para afrontar el narcotráfico y sus ramificaciones criminales.

Este avance judicial será fundamental para profundizar las indagatorias y fortalecer la seguridad en Michoacán y Jalisco, estados afectados por la presencia y operación del CJNG.